Las puertas giratorias de nuestros políticos

Artículo publicado en la web Kaosenlared.net, traducido al castellano

No hay que superar ningún proceso selectivo para ser cargo de confianza a sueldo de una administración pública. No hay ningún otro cedazo que el la voluntad de los partidos, descargados de justificar a quien eligen. La discrecionalidad favorece que ex diputados, ex alcaldes y ex concejales alarguen carreras en la retaguardia una vez que se les relega o sufren un tropiezo electoral. Los nombramientos a menudo recuerdan las cuestionadas puertas giratorias de la política: en lugar de comunicar con los consejos de administración de grandes empresas, estas otras facilitan mantenerse en las instituciones.

Es frecuente que la Diputación de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sean el destino de los que transitan de la primera línea en una plaza de libre designación. Entre ambos organismos se identifica más de una treintena de integrantes de PSC, JxCat, ERC, los comunes, Cs y PP recolocados enseguida o, como muy tarde, al año siguiente de ceder una alcaldía, de abandonar un ayuntamiento o de perder su escaño.

Contrataciones recientes en la Diputación y la AMB atienden a este patrón. Los ex diputados de Cs Noemí de la Calle, José María Cano y Héctor Amell comenzaron a hacer de asesores en la Diputación un mes después de dejar de cobrar del Parlamento, al no revalidar un asiento en la cámara a las elecciones del 14-F . De la Calle y Cano iban en la lista detrás de los cinco diputados que la formación retuvo en Barcelona y Ameller fue número dos por Girona. Cs afirma que se guía por «criterios profesionales» para escogerlos.

En el gobierno de la Diputación, el bipartito de PSC y JxCat incorporó el socialista Pedro Rivero como técnico en Recursos Humanos y Hacienda después de que renunciara en abril a seguir de concejal de Sant Adrià de Besòs. Asimismo, el ex alcalde del municipio Joan Callau fue nombrado asesor del PSC en el AMB seis días después de dimitir. Se da la circunstancia de que a ambos se les investiga por un caso de presunta corrupción.

Que se encontraran inmersas en causas judiciales tampoco fue obstáculo para que el PSC desplazara la ex alcaldesa de Barberà Ana del Frago y la ex concejal de Sabadell Ana María Carrasco en la Diputación cuando no volvieron a concurrir a las municipales. JxCat da trabajo a Ismael Álvarez en el AMB desde poco después de que le tomaran la alcaldía de Pallejà en 2015, a pesar de estar condenado por prevaricación y acoso laboral a una interventora. El partido alega que la sentencia lo inhabilita para ser concejal, no para otras tareas.

Repescados de todos colores

El PSC tiene a sueldo de la Diputación o de la AMB al menos 13 ex concejales rescatados después de ser depuestos los consistorios -como Juan Parralejo, ex alcalde de Ripollet, o Rosa Boladeras, ex alcaldesa de Corbera de Llobregat o de no repetir en listas electorales. «Su experiencia los hace idóneos y valorados», defienden los socialistas.

«Son los que tienen mejor conocimiento», remachan a JxCat, que recuperó el ex teniente de alcalde de Barcelona Maite Fandos como técnica de innovación de la Diputación menos de tres meses después de quedar fuera del Ayuntamiento. Más experiencia certifica Joaquín Matas, que encadena contratos a ayuntamientos y la Diputación desde que cesó como concejal de CiU en Tordera hace 18 años.

Trayectoria similar acredita Josep Maria Civis, concejal de ERC en Sabadell hace 15 años, cuando asumió altos cargos al tripartito y luego funciones de asesor a la Diputación que aún mantiene. Jordi Serra, ex alcalde republicano de Roda de Ter, también figura en nómina de la institución, en su caso desde mayo de 2016, un año después de no disputar la reelección y ejercer en medio de asesor en el Ayuntamiento de Torelló.

También los hay que cobran del órgano cuando escalan a las ejecutivas de las formaciones. Oriol López trabaja para ERC en la Diputación desde poco después de ser nombrado secretario de Coordinación Municipal, supliendo a ambas funciones a Cristina Gómez.

Al margen de pedir un reparto equitativo de la plantilla o racionalizar el gasto, ningún partido consultado plantea reducir el número de eventuales, que puede ampliarse hasta 124 en la Diputación y en el AMB, de acuerdo a la ley. El sindicato CGT tacha de «inmoral» que se asigne un sueldo público a personal que, según sostiene, «hace en realidad tarea interna de los partidos».

«Algunos tienen vinculación con tareas orgánicas, pero fuera de la jornada laboral», replica el PSC. «Nuestro personal eventual es reducido y debe asumir tanto trabajos a la administración como los que solicite el partido», apunta el PP. «Que tengan relación con los grupos territoriales de cada formación es parte de su trabajo», aduce JxCat.

La Diputación y la AMB responden que los asesores deben demostrar un mínimo de horas dedicadas a la institución. En el caso de la Diputación, todos los cargos de confianza declaran jornada completa. Las formaciones acordaron el mandato pasado que acrediten 25 horas presenciales en el ente y el resto, de trabajo en el territorio. Por su parte, la AMB obliga a los eventuales a fichar y justificar la jornada de trabajo.

Los comunes han resituado este mandato al menos cuatro ex concejales y una ex diputada como asesores tras ser relevados o fracasar en unas elecciones. El exconcejal de Sant Cugat Ramon Gutiérrez fue repescado para la Diputación medio año después de que la lista que encabezó en 2019 no obtuviera ningún representante. El ex dirigente de ICV Lluís Monfort ha enlazado cargos de libre designación desde antes de dejar el gobierno de Sant Just Desvern en 2019 y hasta junio pasado, cuando salió de la AMB.

El PP ha trasladado el ex alcalde de Castelldefels Manu Reyes y el actual secretario general, Santi Rodríguez, a la Diputación, después de que no salvasen los escaños en el Parlamento. «Hemos perdido representación en la Diputación y CON, y nos obliga a reajustar los puestos de asesor a las necesidades más inmediatas», admiten los populares.

La Diputación suma 89 asesores, 24 más que hace una década. Reserva casi 5,5 millones de euros para cargos de confianza, medio millón más que hace cinco años y más del doble que en 2011. La mayoría de salarios son de 3.838,46 y de 5.485,99 euros al mes. Dos eventuales ingresan alrededor de 6.000 (eran tres hasta junio). Uno de ellos es el ex presidente de la Diputación Antoni Fogué, que recibe ingresos del órgano desde que se retiró en 2015. Gana 82.121,06 euros anuales.

En la AMB se cuantifican 74 eventuales, 16 más que hace seis años. Las retribuciones ascienden a 4,5 millones este año, 1,1 millones más que en 2015. Cada uno de los 47 asesores de partido percibe 53.756,16 euros y los ocho a media jornada, 27.976,31. Hay que añadir 15 directivos, escogidos a dedo. El director de Presidencia es el ex consejero ecosocialista Salvador Milà y la directora de Ecología, el ex teniente de alcalde de ICV en Barcelona Imma Mayol, ambos con 109.073,57 euros de sueldo. La directora de Transparencia es Gemma Calvet, ex diputada de ERC y con 83.665,79 euros de emolumentos. La AMB dice que prevé modificar el reglamento este año para ocupar las plazas de mando con concursos y libre concurrencia de candidatos, como la ley exige.