COAG iniciará acciones legales por presunto fraude fiscal en importaciones de tomate marroquí
COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) ha anunciado que emprenderá acciones legales contra los importadores de tomate marroquí por un presunto fraude fiscal que podría superar los 71 millones de euros desde la campaña 2019-2020. El anuncio se realizó durante un webinar informativo sobre la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declara ilegal el acuerdo comercial UE-Marruecos.
Según el análisis de los Servicios Técnicos de COAG, las importaciones marroquíes han excedido significativamente la cuota establecida de 285.000 toneladas anuales de tomate libre de impuestos. Desde 2019, este exceso se ha estimado en aproximadamente 230.000 toneladas anuales, lo que habría generado una evasión fiscal de unos 14 millones de euros por año.
Andrés Góngora, responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG, ha señalado que estas estimaciones son «lo más benevolentes posibles», ya que no consideran que las importaciones procedentes del Sáhara Occidental deberían estar sujetas a condiciones diferentes a las establecidas para Marruecos, lo que incrementaría significativamente las cifras del presunto fraude.
La organización ha denunciado la falta de transparencia tanto de la Unión Europea como de los gobiernos español y francés. Durante la última década, COAG ha solicitado repetidamente información sobre las tasas arancelarias liquidadas por las importaciones agrícolas marroquíes, sin recibir respuestas satisfactorias de ninguna institución. La Comisión Europea ha delegado la responsabilidad en los Estados Miembros, mientras que en España, los ministerios implicados han evitado dar explicaciones claras.
En relación con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, COAG exige su aplicación inmediata, rechazando cualquier periodo de gracia. La organización argumenta que mantener vigente durante 12 meses más un acuerdo declarado ilegal solo beneficiaría a empresas transnacionales, mientras los productores locales continúan perdiendo rentabilidad.
Finalmente, COAG ha instado al gobierno español a posicionarse en defensa de los productores agrarios nacionales, que son los más afectados por el acuerdo de liberalización comercial, y a presionar a la UE para su anulación, buscando mitigar los graves efectos sobre la producción local.
