La impunidad de Ábalos y la ONG Fiadelso
La impunidad de Ábalos y la ONG Fiadelso: un escándalo de opacidad y negligencia, otra más.
La Agencia Valenciana Antifraude puso en su momento sobre la mesa un caso que evidencia no solo el incumplimiento sistemático de las obligaciones legales por parte de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), impulsada por el exministro socialista José Luis Ábalos, sino también la pasividad cómplice de las instituciones públicas encargadas de supervisar su funcionamiento.
Este escándalo, que combina opacidad, negligencia y falta de responsabilidad, es un ejemplo más de cómo ciertos sectores políticos y administrativos actúan con impunidad, incluso cuando las evidencias de irregularidades son abrumadoras. Dicha fundación FIADELSO ha recibido un total de 4,9 millones de euros en subvenciones públicas durante los últimos 13 años, destinadas a financiar proyectos de cooperación internacional.
El incumplimiento reiterado de Fiadelso: una década de opacidad
La investigación que realizo la Agencia Antifraude dejo al descubierto que Fiadelso no presentó sus cuentas anuales durante años, incumpliendo tanto la legislación vigente como sus propios estatutos fundacionales. Según el informe, la fundación no rindió cuentas entre 1993 y 1999, y tampoco lo hizo entre 2011 y 2022.
Es decir, estamos hablando de una década de opacidad absoluta, en la que una entidad que recibió millones de euros en subvenciones públicas no dio explicaciones sobre cómo se gastó ese dinero.
Además, Fiadelso no aprobó su Plan de Actuación desde 2012, un documento fundamental que debe reflejar los objetivos y actividades de la fundación. Esto no es un simple error administrativo, sino una falta grave que evidencia una gestión negligente y poco transparente. Como señala Antifraude, los patronos de la fundación «no han desempeñado el cargo con la diligencia de un representante leal«. En otras palabras, no cumplieron con su deber de velar por el correcto funcionamiento de la entidad.
La responsabilidad de Ábalos y el silencio del Protectorado
José Luis Ábalos, exministro de Pedro Sánchez y figura clave en la creación de Fiadelso, fue presidente de la fundación entre 1998 y 1999. Aunque dejó el cargo, mantuvo una estrecha relación con la entidad, compartiendo incluso la propiedad de un local con Gustavo Casal, (que Ábalos intentó vender a una empresa malaya, enlace noticia publicada en theobjective) entonces presidente de la fundación. Además, entre los vocales del patronato se encontraba Aarón Cano, exconcejal de Policía del Ayuntamiento de Valencia y discípulo de Ábalos. Esta red de conexiones políticas y personales plantea serias dudas sobre la independencia y transparencia de la gestión de Fiadelso.
Pero el escándalo no se limita a la fundación. La Agencia Antifraude critico duramente al Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana por su inacción ante las irregularidades de Fiadelso. Según el informe, el Protectorado no ejerció un control efectivo sobre la entidad, permitiendo que incumpliera sus obligaciones legales durante años. Esta falta de supervisión no solo es una negligencia administrativa, sino también un fracaso en la protección del interés público.
La impunidad de los responsables: ¿dónde están las consecuencias?
Lo más indignante de este caso es la impunidad con la que han actuado los responsables. A pesar de las evidencias de irregularidades, nadie ha sido sancionado. Ni Ábalos, ni los patronos de Fiadelso, ni los funcionarios del Protectorado que permitieron esta situación han enfrentado consecuencias. Mientras tanto, la fundación ha sido declarada extinta, pero las responsabilidades parecen haberse esfumado junto con ella.
Además, llama la atención que el Ayuntamiento de Valencia mantenga en su página web un enlace relacionado con Fiadelso, que dirige a un dominio en Vietnam. ¿Por qué una institución pública sigue promocionando una entidad que ha sido investigada por irregularidades y que ha sido declarada extinta? Esta situación no solo es absurda, sino también preocupante, ya que sugiere una falta de coordinación y control por parte de las administraciones públicas.
Un sistema que premia la opacidad y castiga la transparencia
Este caso es un ejemplo más de un sistema que parece proteger a quienes incumplen las normas, mientras castiga a los ciudadanos que exigen transparencia y responsabilidad. Fiadelso recibió millones de euros en subvenciones públicas, pero no rindió cuentas sobre cómo se utilizó ese dinero. Mientras tanto, las instituciones encargadas de supervisar su funcionamiento miraron para otro lado, permitiendo que la opacidad y la negligencia se convirtieran en la norma.
Es hora de que las administraciones públicas asuman su responsabilidad y exijan cuentas claras a quienes gestionan fondos públicos. No podemos permitir que casos como el de Fiadelso queden impunes, aunque sean políticos los que crean este tipo de organizaciones para luego obtener fondos públicos, que nadie luego los controlen, ni que se siga premiando la opacidad y la falta de transparencia. Los ciudadanos merecen saber cómo se gastan sus impuestos y quiénes son los responsables de las irregularidades.
Exigir responsabilidades y restaurar la confianza
El caso de Fiadelso no es solo un escándalo político, sino también un golpe a la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
No puede ser que, una y otra vez, los políticos actúen con total impunidad, evadiendo cualquier tipo de justicia mientras juegan con el dinero de nuestros impuestos. Es indignante que quienes deberían servir al interés público se blinden ante las consecuencias de sus actos, mientras los ciudadanos cargamos con el peso de su irresponsabilidad.
La impunidad no puede ser la norma en un Estado de derecho.
